Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Dicha ley es de aplicación a los datos de carácter personal (cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables) registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por el sector público y privado.

Las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias, de denomina “tratamiento de datos”.

La persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento de los datos, será el “responsable del fichero o tratamiento”, en este caso la Comunidad de Propietarios.

Mientras que el “encargado del tratamiento”, será la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

Aunque el artículo 20 apartado f. de la Ley de Propiedad Horizontal, permite a la Junta de Gobierno atribuir otras atribuciones diferentes a las establecidas en la norma, no significa que el Administrador de Fincas pueda ejercer la figura de responsable del fichero, puesto que su labor es prestar un servicio a la comunidad de propietarios. En su caso, el Administrador de fincas será usuario del fichero o encargado de tratamiento en la materia relativa a la custodia de los datos y acceso, siendo responsable de los datos que manejen dentro de su actividad (facturas, contratos, clientes, etcétera).

La relación entre la Comunidad de Propietarios y el Administrador de Fincas debe estar regulada en un contrato que recoja tanto el contenido de la propia prestación de servicios de administración, como sus obligaciones en cuanto encargado de tratamiento.

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