El Parlamento Europeo ha adoptado esta semana una directiva sobre ahorro energético y eficiencia energética que los países miembros deberán trasponer a sus legislaciones nacionales en un año y medio. Esta ley obligará a renovar un mínimo de edificios públicos y llevará consigo auditorías energéticas a las grandes empresas.

Claude Turmes, eurodiputado luxemburgués ponente del texto, alabó esta normativa por «establecer los primeros objetivos de ahorro energético en la Unión Europea» e indicó la enorme dependencia energética de los 27 países que la conforman.

Cada país (su administración central, no las regionales o locales) deberá renovar al año el 3% de sus edificios con calefacción/sistema de refrigeración con una superficie útil de más de 500 metros cuadrados, y 250 a partir de 2015.

Por otro lado, tendrán que imponer a las compañías energéticas que operen en su territorio un porcentaje de ahorro energético acumulado mínimo para 2020, y éstas tendrán que someterse a auditorías cada cuatro años por expertos acreditados en este campo.

En definitiva, esta nueva normativa tiene como principal objetivo que los países hagan un esfuerzo a nivel nacional para lograr una mayor eficiencia energética, pero incluye menos medidas obligatorias de las que inicialmente se tenían previstas.